La compañía TransCanada presiona e intimida a los pobladores para no seguir con el proceso de defensa del territorio o para entregar sus terrenos, denunciaron en la Ciudad de México
Solo las comunidades de la Sierra Norte de Puebla y de la Sierra Hidalguense continúan rehusándose a vender sus terrenos a la empresa TransCanada para la construcción del gasoducto Tuxpan-Puebla que afectaría a 260 mil personas de 459 localidades de 34 municipios en Veracruz, Puebla y el Estado de México.
Así lo manifestó, Raymundo Espinoza Hernández, asesor legal del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo; quien precisó que son dos del proceso de oposición por el que se han presentado cinco demandas en tribunales federales, dos en los juzgados de distrito de Pachuca; y tres más en los juzgados distritales de Puebla y Cholula.
En conferencia de prensa, desde la Ciudad de México, junto con integrantes del consejo, dieron inicio a una campaña de difusión de las razones biológicas, sociales, antropológicas y de riesgo, por las cuales no se debe permitir la construcción y operación del gasoducto Tuxpan-Tula.
La representante de pobladores de Chila de Sal acusó que la compañía se ha vuelto más agresiva, pues continúan presionando e intimidando a los pobladores para no seguir con el proceso de defensa del territorio o para entregar sus terrenos.
“En Chila llegó la representante con policías de municipio de Honey para obligar a que cedan el permiso y no sigan con la defensa, llegaron primero silenciosamente, en las comunidades a donde van a atravesar diciendo que los iban a remover, nuestros gobiernos también los están apoyando, sino cómo están operando con permisos que no se debieron dar por las irregularidades en las manifestaciones”, expresaron.
Señaló que el desarrollo prometido por TransCanada solo es para las grandes empresas, pues para los habitantes de la Sierra Norte la instalación del gasoducto solo representa un peligro latente y violación a sus derechos.
“Estas situaciones se tienen que hacer mediáticas, nosotros que vivimos allá sabemos que nuestra vida está en riesgo, así como la de animales y plantas, esos ductos nos destruirían, no tendríamos ni a dónde correr”, concluyeron.
Las afectaciones
En tanto, Espinoza Hernández resaltó las irregularidades con que se obtuvieron permisos como el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y la Evaluación de Impacto Social que carecen de datos sobre las afectaciones reales que provocaría el gasoducto.
Señaló que dichos documentos solo reconocen a 15 de 486 asentamientos, que se contempla potencialmente afectadas por la obra, como comunidades indígenas, por lo que las que o son consideradas como tales –explicó- no gozan de los mismo derechos de consulta.
Advirtió que la instalación del gasoducto afectaría el abastecimiento de agua, pues los tubos pasarían encima de los cerros donde nace el agua que surte a las comunidades, además que el uso de maquinaria pesada causaría destrucciones a la flora y fauna de las diferentes regiones.
Subrayó que la construcción del gasoducto destruiría costumbres como las rendiciones de culto los cerros sagrados de las diferentes comunidades totonacas, otomíes y nahuas, que en su mayoría tienen que ver con obtener buenas cosechas.
Destacó que la MIA no contempla los posibles riesgos de explosión y fugas de gas natural, pese a que en los cerros de la Sierra Norte de Puebla son comunes los deslaves e incendios, “precisamente donde quieren pasar el tubo” “Son situaciones que no aparecen con claridad en la MIA que presento TransCanada, eso es parte de lo que se está reclamando en las denuncias, si no lo reconocen como posible como subsanarán los daños”, expresó.
A lo anterior, sumó el desplazamiento de poblaciones, pues dentro del área núcleo del proyecto –100 metros alrededor del tubo– existen muchas poblaciones, que tampoco aparecen reconocida en los documentos de Evaluación de Impacto Social, “en 50 metros, a ambos lados del tubo, no puede haber escuelas, casa habitación, ni nada, pero los hay y a ellos no les han informado nada”.
Empresa operaría recursos naturales “a manos libres” En su intervención, la bióloga Irina Cruz señaló que ha encontrado inconsistencias en los documentos que ostenta TransCanada como que no coinciden las cifras de hectáreas afectadas, además que la información no es especifica en temas importantes como el uso del agua de manantiales, por lo que “es muy vaga sobre la operación de la empresa sobre el agua, dejándole a manos libres el recurso natural”.
Asimismo, advirtió que al contrastar la MIA y trabajos de investigadores, detecto que la empresa no declaró una veintena de especies animales que estarían en riesgo.
En tanto, Espinoza Hernández señaló que en las partes de Veracruz e Hidalgo donde ya se construyó el ducto, la empresa no ha pagado a los pobladores los terrenos que utilizó, ni cumplido con la pavimentación de calles, reparación de carreteras, escuelas, azulejos en paredes, baños y demás intercambios que prometió.
