El IGIA mide las acciones, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales de las entidades federativas
Tlaxcala y Puebla son dos de los estados con poca capacidad institucional para investigar, castigar, sancionar y erradicar las prácticas industriales y sociales que dañan su medio ambiente, bosques, ríos, agua y zonas verdes.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad Ambiental México 2020 (IGIA) elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Tlaxcala tuvo una calificación de 1.73 de 4.0 puntos donde cuatro significa alta capacidad institucional para detener el deterioro de los ecosistemas, y ocupa el lugar 29 en cuidado ecológico; mientras que Puebla tuvo un promedio de 1.84 y ocupa el lugar 24 del ranking nacional.
El IGIA mide las acciones, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales de las entidades federativas a partir de sus capacidades institucionales y criterios sobre degradación ambiental, crimen ambiental y estrategia intergeneracional.
Considera que hay la impunidad ambiental cuando se comprueba que los gobiernos estatales no tienen la voluntad política o la capacidad para investigar y sancionar los delitos contra el medio ambiente, incumplen con su política ambiental y no tienen programas de largo plazo que reduzca los riesgos.
Bajo esos criterios, Tlaxcala y Puebla tienen niveles altos de impunidad; el primer lugar nacional lo ocupa Colima con un nivel de alta impunidad, le siguen Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán y Tabasco, mientras que Puebla se ubica en la posición 24 del listado y muy lejos de un manejo óptimo sobre la degradación de su medio ambiente.
Por cada uno de los criterios medibles, Puebla tuvo 0.20 en capacidad institucional, 0.75 en crimen ambiental, 0.58 en degradación ambiental y 0.31 en intergeneracional donde 4.0 es la calificación más alta y significa que no hay condiciones o registro de los llamados crímenes verdes.
Esto significa que tiene pocas condiciones para la protección del medio ambiente (degradación ambiental), pocos instrumentos ambientales a largo plazo (estrategia intergeneracional), dificultad para medir la magnitud e impacto de los delitos ambientales (crimen ambiental) y falta de cultura de la denuncia por temor, desconfianza o poca capacidad para resolver los problemas.
Por su parte, Tlaxcala tuvo calificaciones de 0.82 en capacidad institucional, 0.83 en crimen ambiental, 0.54 en degradación ambiental y 0.08 en integeneracional; con estos promedios ambas entidades se ubicaron debajo del promedio nacional que es de 1.93.
