El retorno forzado, que es el regreso obligado de una persona al país de origen o de residencia, mediante una orden administrativa o judicial.
Los migrantes con el envío de remesas -en el caso de Tlaxcala 253 millones de dólares en 2019-, contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias y también de la economía nacional, a través del consumo de bienes y servicios que se realiza en las localidades. Las remesas aportan más divisas al país que lo que ingresa por concepto de exportaciones petroleras o turismo.
A pesar de estas aportaciones, de llamarlos “héroes vivientes”, a su retorno forzado o voluntario, enfrentan diversos retos en su proceso de reintegración, constantes violaciones a sus derechos humanos, discriminación por parte de la población y las instituciones y estigma social. Estas problemáticas se desconocen y resulta necesario visibilizarlas para que sean atendidas.
El retorno forzado, que es el regreso obligado de una persona al país de origen o de residencia, mediante una orden administrativa o judicial, lo que comúnmente conocemos como deportación, se convierte para los migrantes en un estigma, por el cual van a ser criminalizados por parte de funcionarios, policías, vecinos o conocidos.
De acuerdo con el testimonio de Yolanda, una mujer deportada “es muy difícil lo que vivimos, ser deportado es igual a criminal, a ladrón, a violador, son estos los prejuicios y el concepto que la gente tiene de nosotros, nos rechazan, nos dicen traidores por haber migrado y ahora que ya nos dieron un patada, venimos a quitarles el trabajo”.
Al respecto, es importante destacar, que la criminalización de la que son objeto, tiene su origen en el discurso anti-migrante de los gobiernos de los Estados Unidos, sobre todo del Presidente Donald Trump, que reiteradamente ha declarado que los migrantes mexicanos ”traen drogas, traen crimen, son violadores”, que se deporta a los extranjeros que cometieron “delitos graves”.
En los hechos, la gran mayoría son padres o madres de familia, esposos, sin antecedentes penales o cuya falta fue pasarse un alto o manejar sin licencia.
Son personas que llevan muchos años viviendo allá, con un trabajo y una familia establecida; como indocumentados sí, pero siendo productivos y pagando impuestos.
Gracias a esta narrativa de criminalización, a su regreso viven discriminación y rechazo social. Otra de las consecuencias de la deportación es la separación familiar.
Miles de niños y niñas están separados de sus padres y madres deportados ya que por ser ciudadanos americanos, quedan bajo el cuidado del gobierno estadounidense.
Muchos de estos padres pierden su custodia por la imposibilidad de presentarse a la corte de lo familiar para recuperarlos, porque tienen prohibido el regreso a los Estados Unidos.
Ya en México, por el tiempo prologado en que estuvieron fuera del país, no tienen documentos de identidad vigentes para acceder a derechos y servicios básicos, desconocen los requisitos, procedimientos y el lugar para tramitarlos.
Para nadie es desconocido que al no contar con la credencial para votar con fotografía, careces de un documento oficial para identificarte, no puedes cambiar un cheque o envíos de dinero del extranjero.
En estos momentos de contingencia con todas las dependencias públicas cerradas obtener documentación que acredite identidad y nacionalidad mexicana se vuelve todavía más complejo. A esto se suma que los documentos que tramitaron en los consulados mexicanos, que podrían utilizar para identificarse (como la credencial para votar, el pasaporte o la matricula consular) carecen de validez oficial a pesar de haberlos expedido autoridades mexicanas.
Enfrentan desempleo y en el mejor de los casos acceden a trabajos temporales, con bajos salarios y precarias condiciones de trabajo al carecer de cartas de recomendación y documentación que acredite su experiencia laboral, lo que les permitiría obtener mejores puestos de trabajo y mayor salario. Estas son solo algunas de las diversas dificultades que cotidianamente pasan los deportados en su lucha para reconstruir y recuperar su vida, su estabilidad emocional, económica, laboral y familiar.
Retos que enfrentan solos, porque no existen políticas públicas que atiendan a este sector de la población, los únicos programas que había para brindarles algún tipo de apoyo eran el Fondo de Apoyo a Migrantes [FAM] y el Programa Somos Mexicanos que fueron eliminados del presupuesto federal en 2019. No sólo es justo reconocer sus contribuciones, es necesario terminar con los estereotipos y prejuicios construidos alrededor del migrante deportado, dejar de discriminarlos y criminalizarlos, de reaccionar con hostilidad hacia ellos, para en cambio reconocer su dignidad como personas y como sujetos de derechos como ciudadanos mexicanos que son.
