Es muy raro que el escándalo se suscitara hasta este mes en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla, toda vez que la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, sabía de las irregularidades en esa institución.

Lo dice quien dio a conocer datos precisos de esto a la propia presidencia municipal, el Arquitecto Carlos González Feria, presidente del Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla.

El caso es delicado por muchas razones pero menciono dos:

Primero.- ¿Porque no se actuó en su momento? y ni siquiera se supo de una investigación, pues todo transcurrió como si nada, desde mediados del año pasado hasta hace unos días.
Mi pregunta es ¿acaso había conveniencia de por medio? por lo que no se actuó en consecuencia anteriormente. Y es hasta ahora cuando se están haciendo las investigaciones, luego de la destitución de funcionarios.

Qué pena saber que el partido MORENA, al que mucha gente confió su voto, por sus promesas; no de infraestructura vial, ni de alumbrado, ni de obras de relumbrón, sino por sus dichos de honestidad e ideas anticorrupción, ahora se vea envuelto en extrañas actitudes tardías, ante hechos que eran “secretos” a voces.

Segundo.- A pesar de que el CAVAPAC, denunció en su momento las irregularidades, en la secretaría de desarrollo urbano, planteando que debe ser un profesional en la materia quien debería estar al frente de esa Institución municipal, no puede quedar sin el castigo a responsables, pues no se trata de dar de baja a funcionarios y asunto concluido.

Reparación del daño

Junto con el CAVAPAC, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), piden que la Auditoría Superior del estado (ASE) revise licitaciones en infraestructura del ayuntamiento de puebla, pues han sido en varios concursos que sus agremiados, de ésta última, han quedado fuera sin razones coherentes a un proceso limpio y transparente.

Luego entonces, las irregularidades de la secretaría de desarrollo urbano provocaron lo siguiente:

1.- Letargo en los trámites para obtener licencias de construcción, otros aspectos para realizar obras, como uso de suelo e incluso números oficiales

2.- Retraso en las obras, por lo que no se cumplieron los tiempos de entrega de los constructores para con sus clientes.

Lo anterior no fue por la pandemia, pues de haber sido eso, seria entendible, tampoco puedo decir que solo en esta administración municipal se dio, pues, como dije anteriormente, estas irregularidades eran un secreto a voces, que se han dado desde hace mucho tiempo, y ahora vemos que éste trienio no fue la excepción.

Pero hablando de perjuicio económico, los dos puntos anteriormente señalados hicieron perder dinero a los constructores, y también a los profesionales de la arquitectura que participan con las empresas, dado que en muchos casos los retrasos en los trámites han derivado en cancelación de contratos y hasta en caídas de venta de inmuebles.

La pregunta es ¿quién pagará los daños?

Por eso sí es conveniente que la ASE intervenga para lograr esclarecer este asunto y deslindar responsabilidades, y en la revisión se deben incluir los procesos de licitación, porque en ese rubro la secretaría de Infraestructura del municipio de Puebla, ha limitado el trabajo de muchas empresas, pues las han dejado fuera sin razón alguna, a decir del presidente de la AMIC, capítulo Puebla, Jesús Valencia de la Luz.

Lo que viene

Ojala, eso de la “limpia” de corrupción sea real y no solo un mecanismo político, y lo digo por las recientes declaraciones que dio la exsecretaria de Desarrollo Urbano, Beatriz Martínez Carreño, acusada de haber recibido dinero a través de “moches”. Ella dijo que ha contratado como abogado al jurista Ernesto Ramírez y señaló que estuvo 11 horas ante la Contraloría y no encontraron ni una prueba en su contra.

Señaló además que ella prepara defensa legal contra el Ayuntamiento de Puebla; niega “moches” y acusa daño moral.

Entonces si la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, prepara su defensa jurídica en contra del Ayuntamiento de Puebla, presidido por Claudia Rivera, que la destituyó de su cargo por presuntos “moches” recibidos para la aprobación de permisos de uso de suelo. El asunto no es menor, y esto puede revirar, porque Martínez Carreño acusó que ha sido víctima de daño moral y esto es peligroso.

Ojalá ambas partes estén preparadas para ello.

¿No cree usted?