Se documentó los casos de violencia, desaparición, feminicidios, trata y omisiones institucionales en los estados.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó y entregó al Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) de la ONU, el informe sobre la situación de la violencia contra las mujeres en México y que incluye, entre otras cosas, que Puebla y Tlaxcala no cuenta con protocolo para la investigación y acreditación del delito de feminicidio.
El OCNF documentó los casos de violencia, desaparición, feminicidios, trata y omisiones institucionales en los estados y las deficiencias de las medidas implementadas por las autoridades para atender la problemática.
El informe coloca a Puebla en el segundo lugar nacional con el mayor número de casos de mujeres desaparecidas durante el periodo 2018-2020 junto con Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua.
Además, Puebla y Tlaxcala no cuentan con protocolos actualizados para investigar el delito de feminicidio e incluso Tlaxcala no cuenta con fiscalía especializada, aunque en días recientes creó una unidad adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), lo mismo sucede en Tabasco, Michoacán, Durango, Campeche y Baja California Sur.
Destaca que en el último año en México desaparecieron 5 mil 223 mujeres y niñas, 48 por ciento entre los 15 y 19 años de edad; además identificó deficiencias en los protocolos Alba estatales como deficiencias en la aplicación de las búsquedas y muchos estados no reconocen la desaparición al clasificarla como «extravío» o «no localización».
Los estados de Puebla y Tlaxcala carecen de unidades de análisis de contexto que permita identificar el modo en el que la desaparición se relaciona con otros delitos, cómo se desarrolla la violencia y los patrones de desaparición.
Refiere que en muchos casos no se investigan, no cuentan con células de búsqueda y hay descoordinación con las instancias federales; destaca que solo Jalisco y Estado de México cuentan con unidades de análisis de contexto.
Por otro lado, si bien en Tlaxcala y Puebla la redacción del delito de feminicidio es similar al tipo penal federal en las procuraduría y fiscalías de los estados, las organizaciones detectaron falta de personal especializado, pérdida de pruebas, una tendencia de culpabilizar a la víctima o se aplican los protocolos de feminicidio a consideración del Ministerio Público.
El informe además recoge datos sobre violencia sexual y el acceso a los derechos de las mujeres, la omisión en la aplicación de la NOM 046 sobre la interrupción legal del embarazo y el seguimiento de las solicitudes y mecanismo de Alerta de Violencia de Género.
Al respecto, destaca que Puebla acumula 6 solicitudes de AVGM para frenar la violencia de género y Tlaxcala dos.
Por último, el OCNF emitió 18 recomendaciones dirigidas a los estados para que apliquen eficazmente los protocolos Alba y Alerta Amber, realicen investigaciones con perspectiva de género, ubiquen el feminicidio como un delito grave, incorporen razones objetivas, mejoren y apliquen los protocolos de investigación y realicen las adecuaciones legislativas para garantizar una vida libre de violencia.
