Así como publicar las acciones, proyectos y actividades emprendidas para disminuir la contaminación de la empresa
El municipio de Papalotla debe transparentar las reuniones que ha sostenido con la empresa Procesos Biodegradables y publicar las acciones, proyectos y actividades emprendidas para disminuir la contaminación de la empresa, así lo determinó esta tarde el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP).
Lo anterior, al resolver un recurso de revisión contra la clasificación y reserva de la información pública que aprobó el comité municipal de transparencia.
Al respecto, el IAIP analizó el informe que el municipio de Papalotla envío para justificar que no podía enviar la información solicitada. El consejo general encontró que el proceso de reserva no cumplía con los criterios de la ley de transparencia, por lo que revocó el acta de reserva.
Por ello, Papalotla deberá entregar los informes sobre las acciones que encabezó para disminuir la contaminación. Es pertinente recordar que el año pasado pobladores de los municipios de Papalotla, Zacatelco y Ayometla, pidieron al entonces gobernador Marco Antonio Mena el cierre de la empresa por daños a la salud provocados tras cinco años de funcionamiento de la empresa.
En agosto de 2022, la Coordinación de Protección Civil y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, suspendieron temporalmente las actividades de la empresa.
PRI estatal debe dar a conocer nombres de consejeros políticos.
Por otro lado, el consejo general del IAIP ordenó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicar la lista de miembros del Consejo Político Estatal vigente.
El recurso de revisión fue promovido por un ciudadano contra el PRI, por negarse a entregar la información, argumentando que los miembros del consejo decidieron no dar a conocer sus nombres y cargos porque se trataba de datos personales.
Sin embargo, el IAIP concluyó que, por ser funcionarios públicos y representantes de un partido político financiado con recursos públicos, no eran válidos los argumentos, además de que la publicación de los datos solicitados no vulnera el derecho de los priistas a la protección de datos, sino que es necesario dar prioridad a la transparencia sobre quién o quiénes están al frente de los órganos públicos.
De ese modo, por unanimidad de votos, el consejo resolvió que el PRI debe entregar la información en un plazo de 10 días posterior a la notificación del acuerdo.
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