También solicitaron la cancelación de 14 órdenes de aprehensión de habitantes de la comunidad acusados de participar en el linchamiento ocurrido San Gabriel Ometoxtla
Ell Encuentro Estatal de Pueblos Indígenas exige en pronunciamiento la libertad inmediata para Jovani Cadena, defensor de derechos humanos; y el cese de la criminalización de habitantes para organizarse ante la ola delictiva que azota a comunidades de pueblos originarios.
Integrantes del Congreso Nacional Indígena así como una veintena de organizaciones y colectivos estatales y del país reunidos bajo el lema “Por la Justicia y Seguridad de Nuestros Pueblos” en Juan C Bonilla demandaron justicia y una investigación exhaustiva para pobladores que están siendo injustamente vinculados con la muerte de Justo Ricardo Morales Daniel, durante un linchamiento ocurrido el 11 de febrero en San Gabriel Ometoxtla, municipio de Juan C. Bonilla.
En el foro estatal se expuso que “la detención arbitraria y encarcelamiento de Jovani Cadena Zamora por el presunto delito de homicidio calificado no es una casualidad: fue diseñado por autoridades estatales y municipales de Juan C. Bonilla para dividir, callar e intimidar a los grupos que se organizan para cuidar Y defender el medio ambiente así como proponer mecanismos de seguridad”.
Durante la exposición y análisis del caso se acusó que el linchamiento duró más de cuatro horas, pobladores dieron aviso desde las 11:40 de la mañana, pero autoridades se presentaron hasta las 16:10, y se asentó que los primeros en llegar fue la policía municipal y el regidor de gobernación, Fausto Ortiz, que pese a la dimensión de la trifulca, prefirió retirarse. “¿por qué no evitaron el linchamiento que duró más de cuatro horas?”, fue el cuestionamiento.
Narraron que se solicitó la presencia de las policías municipales de Coronango, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Huejotzingo, y fue hasta entonces, que el defensor comunitario Jovani Cadena Zamora llegó al lugar del linchamiento.
“Minutos después llegó el delegado de la secretaria general de gobierno Victoriano Meléndez quien entabló un diálogo de negociación con pobladores de la junta auxiliar y con su presidente auxiliar Víctor Sandoval, el acuerdo fue cerrar dos bares de la localidad a cambio de entregar al hoy occiso, que en esos momentos estaba detenido y con vida”.
Pobladores apuntaron la fallida y tardía estrategia para detener el linchamiento por lo que responsabilizaron al presidente municipal de Juan c. Bonilla Filemón Aguilar Rodríguez por omisión a sus funciones públicas, Fausto Ortiz que ocupa el cargo de regidor de gobernación por no brindar seguridad y al cuerpo de policía municipal por no aplicar los protocolos de actuación.
Pese a que este hecho fue público y comprobable, autoridades municipales de Juan c. Bonilla culpan al defensor comunitario Jovani Cadena Zamora y otras 14 personas – a las que ya se les dictó órdenes de aprehensión por el mismo caso—, además de difundirse que el presidente municipal le ordenó a lsidoro Tecayehuatl Valdez, comandante de la policía municipal, que identificara como agresores a un grupo de personas que anteriormente se alistaron para solicitar alarmas y que le exigían seguridad pública.
“Ante la situación de violencia que se vive en el municipio, la población de Cuanalá se ha organizado siempre de manera pacífica para detener la inseguridad y por la protección de sus familias, sin embargo, pareciera que las autoridades municipales y estatales prefieren detener a gente que trabaja y defiende sus derechos mientras los rateros se pasean libremente por el municipio”, lamentaron ponentes al micrófono en el evento en el que participan el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), el Comité del Ordenamiento Territorial Integral del municipio de Cuetzalan (COTIC) Movimientos sociales Olintla, así como otras organizaciones, comités, colectivos productivos y de promoción de derechos humanos.
