Habitantes denunciaron que a dos año de la administración no hay titular de seguridad y que existe contubernio con grupos de huachicoleros.
Habitantes del municipio de Calpulalpan han solicitado al Congreso del Estado la revocación de mandato del presidente municipal, Neptali Gutiérrez Juárez, regidores y síndico, así como la revisión de la cuenta pública 2017 por el desfalco de 14 millones de pesos observados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Enrique Cortés Díaz, ex regidor de la demarcación y vocero de los inconformes, señaló que la cuenta pública de Calpulalpan, aprobada por los diputados de la LXII Legislatura, debe ser revisada porque acumula 391 observaciones sin solventar por daño patrimonial de 14 millones 705 mil 722 pesos, así como una denuncia por enriquecimiento ilícito investigada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y diversas irregularidades en la ejecución de 10 millones de pesos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg).
El desvío de Fortaseg, así como la falta de nombramiento de un titular de seguridad ha provocado el incremento de tomas clandestinas en Calpulalpan y «el contubernio entre autoridades y bandas de huachicol».
«Tenemos documentado cómo la seguridad municipal vigila autos que transportan eso (huachicol), y los mensajes entre regidores y la síndica para dejar que esos grupos actúen, esa denuncia ya la hemos presentado al gobierno, lo sabe el secretario y lo sabe el gobernador», indicaron.
El asunto, detenido casi un año por la actual legislatura, podría no resolverse por el conflicto de intereses partidistas que existen entre el presidente Neptali Gutiérrez y los diputados del Partido Encuentro Social (PES), Luz Vera Díaz del distrito electoral I con cabecera en Calpulalpan, y José Luis Garrido Cruz, presidente de la comisión de Asuntos Municipales, señalaron.
Con documentos certificados y una copia de la cuenta pública aprobada por la pasada Comisión de Finanzas, los pobladores señalaron que el municipio cuenta con la nómina más grande de los 60 ayuntamientos con 645 burócratas, de los cuales han detectado aproximadamente 150 aviadores.
Por tal motivo, han exigido al Congreso «la revocación de mandato de todos los integrantes del ayuntamiento, regidores y síndico que han mantenido estos años, aunque estamos preocupados de que persista la omisión de los diputados y que no quieran ver ni enfrentar las pruebas, que se revise la cuenta».
