Los derechos humanos olvidados en la pugna del poder mexicano
Sí, México necesita una estrategia de seguridad pública y no de ahora sino de hace muchos sexenios atrás. Sí, México requiere una estrategia que merme el creciente poderío del crimen organizado que está incrustado prácticamente en todos los actos ilícitos de nuestro país. Sí, a nuestro país lo ha sobrepasado la pobreza, la inseguridad y el narcotráfico. Y no, la presencia del ejército mexicano hasta el 2028 en territorio público y la absorción de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, no obedece a una respuesta de estrategia de seguridad para combatir algún aspecto de lo antes mencionado.
La militarización es un término que obedece a la utilización de las fuerzas castrenses en las tareas de la seguridad pública, la seguridad pública es un ámbito que compete a las policías encargadas de salvaguardar a la población civil. Y la Guardia Nacional fue creada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, justo para que esta institución de seguridad ciudadana fuera la encargada a nivel federal y por lo tanto al inicio de su sexenio, desapareció la Policía Federal.
Desde entonces, la Guardia Nacional quedó en el limbo legal y estratégico. Así, desde el 2018 es un cuerpo policial integrado en su mayoría por militares y otro tanto de civiles, haciendo las veces de grupos tácticos para apoyar en tareas para el combate al crimen organizado. Con una instrucción en su mayoría militar pero con uniformes y armamento sí de combate pero de colores distintos. La Guardia Nacional, luego de tres años desde su creación, fue a propuesta de López Obrador y votada por las y los legisladores, absorbida por la SEDENA.
La SEDENA, que es una fuerza castrense, que como toda policía militar, en cualquier parte del mundo, se rige por leyes que no son las civiles y que debe actuar estrictamente en casos en los que se vea vulnerada la Seguridad Nacional. Por ello, la policía militar está entrenada para recibir órdenes sin cuestionarlas, no importa si las mismas al ser ejecutadas vulneran los derechos humanos. ¿Por qué es así? Porque se utiliza cuando la seguridad de un país se ve vulnerada, porque se utiliza cuando un país está en guerra.
En el sexenio de Felipe Calderón, hace 15 años, los militares fueron sacados a las calles porque la guerra fue declarada al narcotráfico, los resultados son ya conocidos y si no los conocemos, por lo menos sabemos que la victoria de esa guerra, México no la ganó.
Que la operación administrativa y táctica de la Guardia Nacional haya quedado en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional se vio opacada por algo inverosímil en una democracia y su ejercicio político, incluido el del poder legislativo. La Cámara Baja de este país, a propuesta del Partido Revolucionario Institucional votó la iniciativa de que la policía militar estuviera en las calles de nuestro país hasta el año 2028.
La Cámara Alta lo aprobó y en estos días podría hacerse efectivo una vez que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión vote a favor, así que seguramente tendremos presencia militar en nuestro país por lo pronto hasta el 2028.
En prospectiva, el escenario resulta poco alentador para quienes pugnan por las libertades y los derechos humanos, por cierto, bandera política para muchos de quienes hoy ostentan un cargo de elección popular emanados o adheridos al partido hegemónico de México.
Un escenario en prospectiva es, evidentemente NO una dictadura y mucho menos una dictadura militar. Las fuerzas armadas de nuestro país siempre han respetado y hasta venerado a los presidentes de la República, incluido el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Me parece que, en un mediano plazo sería poco probable que los militares tomaran el poder, no olvidemos que el Jefe Supremo de las fuerzas armadas es el Presidente de México y que el actual Jefe Supremo ha dado a su policía militar una gran confianza en tareas no sólo de seguridad sino de proyectos de Nación incluidos la construcción del nuevo aeropuerto, el tren maya y la refinería dos bocas.
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