La solicitud también incluye al síndico municipal Héctor Martínez García y fue presentada al Congreso del Estado.
Por el despojo del predio ‘El Potrero’ ocurrido en el año 1999 en la comunidad de San Gabriel Cuauhtla, Esperanza Minor Sánchez solicitó al Poder Legislativo local la revocación de mandato contra la actual presidenta municipal de Tlaxcala y el síndico municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca y Héctor Martínez García, respectivamente.
En la solicitud, la quejosa explica que esa solicitud la realiza porque durante la actual administración municipal no ha sido atendida su petición de restituirle la propiedad que se localiza atrás del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Y es que argumentó que ella tiene la propiedad legitima del terreno, pero en 1999 el entonces presidente municipal, Víctor Hugo Cahuantzi González, la despojó del predio donde fue construida una Casa del Abuelo, y se definieron áreas comunes como dos canchas y un espacio con juegos infantiles.
Esperanza Minor, expuso en su petición que el predio denominado “El Potrero” le fue heredado por su difunto esposo, Gilberto Nophal Palomino, y del cual posee escritura pública certificada ante notario público.
Con esos documentos, solicitó el pasado 31 de agosto a la alcaldesa y síndico del municipio de Tlaxcala, la restitución inmediata del inmueble sin que hasta el momento hayan hecho caso a su demanda, lo que consideró como “una clara violación a sus derechos.
Por lo anterior, solicitó a los diputados iniciar un proceso de revocación de mandato en contra de las autoridades municipales para lo cual argumentó que incurren en el delito de despojo, “al detentar ilegalmente la posesión del inmueble referido”, ya que ambos saben del caso y que la propiedad le pertenece y aun así se han negado a reintegrárselo.
También promovió una recurso de queja en contra de las autoridades municipales, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), asentada en el expediente CEDHT/PGV/66/2018, por las violaciones cometidas en contra de una persona de la tercera edad.
La solicitud dirigida al Congreso local fue turnada a comisiones para su atención, por instrucción de la presidenta de la Mesa Directiva, Luz Vera Díaz.
