Un grupo de mujeres y feministas se manifestaron este jueves frente a Palacio de Justicia ubicado en el zócalo de la ciudad de Tlaxcala, para exigir la publicación de las reformas para tipificar la violencia vicaria y exigir a los jueces, juezas y funcionarios del Sistema Estatal DIF a no obligarlas a conciliar con sus agresores.
Con pancartas y consignas contra jueces y autoridades estatales, las mujeres leyeron un posicionamiento en el que responsabilizaron a los tres poderes del estado de mantener y ejercer la violencia machista institucional al obstruir el acceso a la justicia, tener a funcionarios deudores alimentarios en la administración pública y resolver los asuntos a favor de sus victimarios.
En el pronunciamiento, pidieron al Ejecutivo estatal publicar las reformas a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobadas en abril pasado sobre el tipo de violencia vicaria y sensibilizar a su personal para atender a las mujeres víctimas.
De manera particular, señalaron al Sistema Estatal DIF de revictimizar al sector femenino al justificar las expresiones machistas que los hombres ejercen contra ellas al decirles que las mujeres también ejercen violencia vicaria.
Afuera de Palacio de Justicia, las mujeres pidieron a los jueces la revisión de sus asuntos debido a que han fallado a favor de los agresores o bien las obligan a llegar a acuerdos con sus exparejas.
Las abogadas que acompañan a las mujeres pegaron en el portón de Palacio una lista de al menos 25 deudores alimentarios que trabajan en los poderes Ejecutivo y Judicial, y que por su posición han sido favorecidos en los litigios en el poder judicial.
Recriminaron al Poder Legislativo no proponer reformas o leyes a favor de las mujeres, ya que todos los avances legislativos aprobados han sido redactados e impulsados por mujeres y desde las organizaciones civiles.
Asimismo, lamentaron que el Congreso no diera trámite hoy a la propuesta 3 de 3 contra deudores alimentarios y que busca identificar e impedir que trabajen en la administración pública estatal debido a que su posición favorece el ejercicio de la violencia vicaria.
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