La iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, viola el derecho humano individual y colectivo al agua. Además, criminaliza la protesta, y centraliza y mercantiliza el vital líquido. Así lo dieron a conocer este lunes organizaciones de la sociedad civil y científicos y juristas de la UNAM.
En rueda de prensa, exigieron al Congreso de Tlaxcala no aprobar la propuesta de ley presentada por la diputada de Morena, Marcela González Castillo. Así como colocar en debate público la iniciativa que el pasado 14 de febrero se turnó a comisiones para su análisis y dictamen.
El jurista Rodrigo Gutiérrez señaló que la iniciativa es inconstitucional y contraviene los tratados internacionales sobre el derecho humano al agua. Esto por sus artículos que establecen la suspensión del servicio por falta de pago y prohíbe abastecer a asentamientos irregulares.
«El derecho al agua se condiciona a la existencia de la infraestructura y a lo dispuesto en la propuesta de ley y no al revés, como debería de ser una ley. Es decir, el desarrollo de la infraestructura para garantizar el derecho humano al agua. La ley establece la instalación de medidores, dejando así el acceso a quien pueda pagarla sin considerar que en el ámbito doméstico muchas familias utilizan el agua para la manutención de animales para el autoconsumo o el papel que juegan los comités comunitarios del agua», dijo.
Además, señaló que la iniciativa criminaliza la protesta a través de sanciones penales contra los grupos de ciudadanos que rechacen las disposiciones de la ley. La iniciativa, dijo Rodrigo Gutiérrez, no garantiza el derecho a la información y no reconoce la gestión comunitaria violando la Constitución y los tratados internacionales que señalan que el estado no debe regular o inmiscuirse en asuntos comunitarios ni derechos básicos como el acceso al agua.
Por su parte, el «Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local» y las organizaciones «Coordinadora por un Atoyac con Vida» y «Agua para todos, Agua para la vida», informaron que este lunes entregaron al Congreso un documento que explica las contradicciones constitucionales de la iniciativa. Asimismo, exigieron dialogar y abrir al debate público la iniciativa para conocer la opinión y las demandas de las comunidades que no solo tienen derecho a la gestión de sus recursos, sino que son las que viven la devastación ambiental que provoca la industria.
La Ley de Agua ignora el problema de la contaminación
La ley, dijeron, ignora el problema de la contaminación ambiental y el hecho de que 80 por ciento de los municipios colindan con los ríos Atoyac y Zahuapan. La centralización del agua en la infraestructura del Estado no contempla una estrategia de saneamiento eficaz, sino medidas para justificar el presupuesto. Se trata de simulación para favorecer los intereses de la industria, dijo Alejandra Mendez Serrano, directora del Centro.
Por último, las organizaciones no desestimaron promover amparos contra la ley en caso de que se apruebe por el Congreso. Acusan que viola los principios constitucionales y tratados internacionales que se discutieron y analizaron en casos específicos sobre la centralización del agua y la posición de los intereses comerciales sobre los derechos humanos.
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