De acuerdo con el reporte, en el municipio de Puebla se detectaron 27 operaciones financieras de trata.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó 58 operaciones financieras relacionadas con recursos ilícitos provenientes del delito de trata de personas en Puebla, sobre todo lavado de dinero entre 2018 y julio de 2021, según un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el reporte no se ubica Tlaxcala a pesar de que en marzo el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, colocó a la entidad como la cuarta –después de Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco- con el mayor número de reportes del sistema financiero de operaciones relacionadas con el blanqueo y el delito de trata de personas.

En ese periodo, la UIF detectó a nivel nacional mil 83 operaciones relacionadas con el delito de trata y sus modalidades vinculadas a la explotación sexual y laboral, la esclavitud, el tráfico de órganos, la adopción ilegal y el tráfico de menores.

Los estados con el mayor número fueron Ciudad de México, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Baja California, Estado de México, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Michoacán y otras entidades, de las cuales, 13 derivaron en denuncias en los cuatro años.

En el municipio de Puebla se detectaron 27 operaciones financieras relacionadas con la trata de personas y es el quinto con el mayor número de operaciones detectadas por la UIF.

Por otro lado, Tlaxcala destaca como una de las entidades con una histórica queja o recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la desaparición de una menor y su probable relación con el delito de trata de personas, caso relacionado con los municipios dedicados a este delito con indicios del traslado de la menor de San Pablo del Monte a través del corredor de la trata en Puebla-Tlaxcala.

El informe de la CNDH revela que durante la pandemia los órganos jurisdiccionales de Tlaxcala no informaron sobre si cuentan con protocolos para atender a mujeres víctimas; en cambio, Puebla cuenta con medidas para detener el riesgo de contagio y atender a las mujeres víctimas durante la emergencia sanitaria.

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