Comunidades regidas por el sistema de usos y costumbres del estado de Tlaxcala, denunciaron que los llamados «foros regionales» y la «consulta ciudadana» impulsada por el Congreso del Estado para aprobar la nueva Ley de Agua, es un acto de simulación para privatizar y restringir el control y el acceso al vital líquido, no solo para los pueblos originarios, sino para toda la población.
Las 94 comunidades agrupadas en la organización «Pueblos Originarios Unidos» en Tlaxcala señalaron que el estado, representado por los poderes Legislativo y Ejecutivo, no puede poner a consulta derechos humanos fundamentales, consagrados en tratados internacionales, tales como la administración y uso del agua a través de comunidades autónomas y originarias.
En un comunicado, señalan que la iniciativa impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a través de la diputada de Morena, Marcela González Castillo, tiene una visión mercantilista y busca quitar el control del agua a las comunidades que, por años, la han cuidado con autonomía.
«En su totalidad, la propuesta es contraria a nuestros derechos humanos colectivos como las 94 comunidades nahuas y equiparables de Tlaxcala que conservamos nuestras propias formas de organización, nuestras normas y leyes comunitarias no permitirían jamás aceptar esta iniciativa que, en su totalidad, se contrapone directamente a la manera de organizarnos y vivir».
Es pertinente recordar que desde 2022, la diputada de Morena presentó al pleno la iniciativa para expedir la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Tlaxcala. Al respecto, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, denunció que la iniciativa busca quitar a las comunidades el control del agua para que el Estado lo use con fines mercantilistas e industriales. Lo anterior resuena debido a que el mayor grado de contaminación de los ríos y agua se ubica en el Zahuapan-Atoyac, en el estado de Tlaxcala.
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