Puebla y Tlaxcala conforman el segundo bloque geográfico donde más niñas, niños y adolescentes desaparecen, según Redim.
El pasado domingo 13 de enero se cumplieron tres años de la desaparición de Karla Romero Tezmol. En 2016 Karla contaba con 11 años de edad, desapareció en el trayecto a su escuela ubicada a dos cuadras de su casa, en el municipio de San Pablo del Monte.
Esa localidad ha sido señalada como parte del triángulo del sur, al que se relaciona con los delitos de trata de personas y desaparición de mujeres y niñas.
De acuerdo con testigos, la menor fue raptada en la calle 20 de noviembre por un grupo de sujetos a bordo de un vehículo negro, hecho que fue registrado por una cámara de video que más tarde fue borrado por errores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Ésta y otras inconsistencias en la investigación fueron documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante los tres años que han transcurrido desde la desaparición de la menor.
En la primera semana de 2019, la CNDH emitió la recomendación 83/2018 en la que acredita que las autoridades locales violaron los derechos humanos de la víctima y sus familiares por obstruir la investigación y búsqueda de Karla.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en el país hay seis mil 725 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años reportados como desaparecidos, lo que representa 30.1 por ciento de las personas no localizadas durante el último periodo gubernamental.
El informe de Redim advierte que las entidades en las que se concentró el mayor número de desapariciones fueron Tamaulipas con mil 914, Estado de México con 562 y Guanajuato con 419.
Sin embargo, el mismo informe considera tres regiones del país como las más peligrosas para las niñas, niños y adolescentes; entre ellas, el bloque conformado por Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Guanajuato.
La CNDH identificó que el caso de Karla Romero estuvo lleno de omisiones como que la Alerta Amber fue activada 21 días posteriores al reporte, lo cual significó la pérdida irreparable de datos, indicios y tiempo valioso de búsqueda, así como imposibilitó la localización con vida de Karla Romero.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala tardó en abrir una investigación penal, debido a que solo se inició un Acta Circunstanciada, lo cual se traduce en la expedición de un documento de carácter administrativo y no un procedimiento penal; además de que obstaculizó la investigación y realizó acciones dilatorias de búsqueda.
Pocos días después de la denuncia por la desaparición de Karla, la PGJE solicitó los videos de las cámaras de vigilancia de la zona; sin embargo, el personal pidió mal las cintas del día y hora de los hechos por lo que obtuvieron cintas sin las imágenes del secuestro mientras el sistema de videovigilancia borraba la totalidad de las grabaciones.
En los primeros dos meses los familiares denunciaron las omisiones; ahora, a tres años de la búsqueda de Karla Romero la CNDH las confirma, con un nuevo gobierno que deberá responder en un plazo a punto de concluir si acepta o no las recomendaciones del organismo púbico autónomo.
Entre ellas se menciona una de las denuncias de los familiares de las víctimas de desaparición en la entidad: la revictimización. En el caso de Karla Romero Tezmol, la PGJE a través de la dirección de Servicios Periciales realizó el proceso de «necropsia psicológica», un método desfasado por su carga subjetiva y negativa para la víctima.
De acuerdo con casos reabiertos contra los resultados de este procedimiento, en específico los de Digna Ochoa y Mariana Lima que arrojaron que ambas se habían suicidado, la necropsia psicológica fue desechada para que se aplicaran otros procedimientos que más tarde arrojaron conclusiones como homicidio en el caso de Digna Ochoa y feminicidio en el caso de Mariana Lima y más tarde fueron materia de jurisprudencia y nuevos modelos de investigación.
El primer año de la desaparición de la menor fue cada vez más angustiante e indignante para los familiares. El 2 de febrero, tras recibir una llamada anónima, los familiares se trasladaron a Puebla, en el Hotel Río, donde les habían mencionado que estaba prostituida Karla Romero Tezmol.
Sin avisar a la PGJE, los familiares se trasladaron a la 14 Oriente en Puebla y descubrieron que la Procuraduría de Tlaxcala llevaría a cabo un operativo; lo extraño para los padres de la menor es que los tratantes y las redes de prostitución de la zona habían sido avisados.
Las omisiones se suman en la descripción de un legado de más de 100 cuartillas de la recomendación de la CNDH. A tres años de la desaparición, aun no se sabe nada de Karla Romero Tezmol.
