En Tlaxcala hay mil 911 mujeres que están presas por posesión simple de droga y purgan condenas de 4 a 10 años.
La organización civil Equis. Justicia para las Mujeres detectó que en las cárceles de Tlaxcala no existen criterios para determinar el tipo de discapacidad de mujeres presas y, por lo tanto, las condiciones necesarias para atender sus padecimientos.
El informe Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes, revela que las autoridades penitenciarias de Tlaxcala, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo, dejan al arbitrio de la revisión médica la identificación de las personas con discapacidad sin tomar en cuenta las barreras sociales.
«Al no existir criterios claros, se deja a la discrecionalidad del personal médico la clasificación y las medidas que debe tomar respecto a estas personas», además de que se limitan a los tipos de discapacidad establecidos por la Convención de las Naciones Unidad sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y descartan otros padecimientos.
Equis señala que esta deficiencia es una más de las barreras que imponen los Centros de Readaptación Social para garantizar los derechos humanos y la perspectiva de género.
Datos del informe refieren que hay mil 911 presas en penales del país por posesión simple, con fines de venta o suministro de droga, lo que representa dos décimas partes del total de personas privadas de la libertad, y casi una tercera parte de esta población son mujeres extranjeras.
Equis analizó la condición de las mujeres a partir de los requerimientos básicos para el respeto de sus derechos y el acceso a la justicia con equidad. Recabó datos sobre las medidas para atender a mujeres LGBTI, con discapacidad, en otras condiciones de vulnerabilidad, casos de tortura y casos de violencia por estereotipos de género.
Para contrarrestar las condiciones de vulnerabilidad Equis lanzó más de 30 propuestas dirigidas a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a los congresos locales para que emitan la declaratoria para la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, legislen a favor de la despenalización de la posesión de todas las drogas, avancen hacia la regulación de la marihuana, realicen diagnósticos para dimensionar el problema del consumo de drogas y lleven a cabo un proceso de acceso a la justicia con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Sobre todo enfocado en el contexto de la venta de droga por carteles poderoso, la impunidad y la corrupción que orilla a criminalizar a hombres y mujeres en pobreza, vulnerabilidad y pocas opciones para sobrevivir, indica Equis.
