Autoridades han tolerado presencia de huachicoleros en demarcaciones, como en Puebla, donde varios ediles han sido indagados por ese delito.
En la ruta del robo de combustibles existen autoridades locales emanadas del PRI, PAN, PRD, PVEM y otros, que toleraron la presencia de bandas de huachicoleros en sus demarcaciones durante los últimos seis años.
Por ejemplo, varios alcaldes en Puebla han sido investigados y hasta detenidos por este ilícito.
Tanto así que los presidentes municipales que los sustituyeron han relevado los nexos de sus antecesores y de sus familias con el delito de la ordeña.
En julio de 2017, marinos detuvieron en Puebla a Pablo Morales Ugalde, Edil de Palmar de Bravo (2014-2018) postulado por PSI-PAN-Panal-PRD, por tener supuestos nexos con grupos dedicados al robo de combustible y lavado de dinero.
El político, dueño de cuatro gasolineras, registró en 2015 movimientos financieros por 57 millones de pesos de origen presuntamente injustificado.
Las autoridades lo señalaron por adquirir 17 inmuebles, la mayoría en Puebla, con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, el 11 octubre de 2018 fue liberado y absuelto.
El priista Néstor Camarillo, ex Alcalde de Quecholac, Municipio enclavado en el Triángulo Rojo del robo de gasolina, también fue investigado por la entonces PGR por sus posibles vínculos con la banda de Roberto de los Santos de Jesús, «El Bukanas», líder huachicolero en la zona.
José Alejandro Martínez Fuentes, Edil de Quecholac desde 2018, es hermano de Antonio Martínez Fuentes, «El Toñín», a quien se le atribuye el control de la ordeña de ductos de Pemex, en confabulación con miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Además, en 2017 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo al Edil de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, por nexos con líderes huachicoleros.
Aunque pidió licencia para ausentarse del cargo mientras aclaraba su situación legal, en marzo de 2018 Velázquez Reyes solicitó permiso al Cabildo para dejar definitivamente su puesto.
Otro Alcalde poblano indagado fue Rafael Núñez Ramírez, de San Martín Texmelucan, quien pidió licencia de 90 días para retirarse de su cargo para «no entorpecer las investigaciones» de la FGE en su contra por la supuesta protección a gasotraficantes en su demarcación.
En el municipio de Venustiano Carranza, el Edil Rafael Valencia Ávila también fue ligado a la ordeña, tras la captura en agosto de 2018 de su esposa, Ilse Lucía Bernabé, junto con dos presuntos ladrones de huachicol en un cateo en viviendas del funcionario, donde fueron hallados 50 mil litros de combustible robado.
En ese mes, legisladores y dirigentes partidistas se pronunciaron a favor de que se investigaran los presuntos nexos entre el ex Gobernador Rafael Moreno Valle y el clan de los hermanos Valencia Ávila, vinculados al robo de combustible en la entidad.
En 2017 también se reveló que los presidentes municipales Eduardo Barojas, de Esperanza; Juan Navarro, de Ciudad Serdán; Carlos Valdez, de Acatzingo; Filomeno Cruz, de Huixcolotla; Inés Saturnino, de Tecamachalco; José Luis Rechy, de Cuyoacao; Pablo Perez, de Tlacotepec; Leonardo Gómez, de Felipe Ángeles; Antonio Aguilar, de Acajete; David Huerta, de Tepeaca, y José Cruz, de Amozoc, estuvieron bajo la lupa de autoridades federales por presuntamente facilitar el robo de combustible, con la omisión de los gobiernos locales.
REFORMA publicó el domingo que, tras la implementación de la estrategia antihuachicol del Gobierno federal, las bandas de ordeña del Triángulo Rojo redujeron su actividad criminal en ese delito, pero la incrementaron en robo de gas LP y a transporte, plagios, cobro de piso, entre otros.
