Del mismo modo, pedirán a las autoridades electas que consideren las cuencas como “una unidad socio-territorial elemental” por encima de su uso mercantil y privado.
El jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) resolvió a favor de las comunidades que habitan a lo largo de la cuenca Atoyac-Zahuapan, para que el Estado mexicano cumpla con su obligación de sanear los ríos y garantizar los derechos a un ambiente sano, a la salud, la información, al agua y a su protección por encima de los intereses industriales y privados.
Durante la lectura de veredictos de la XII Audiencia Pública del TLA que se realizó en la Universidad Jesuita de Guadalajara, el jurado confirmó que a 12 años de la primera presentación del caso sobre la contaminación de la cuenca y a dos años de la recomendación de la CNDH para su saneamiento, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales de Puebla y Tlaxcala no han hecho nada para detener la catástrofe ambiental.
El jurado integrado por Philippe Texier, presidente del TLA; David Velasco Yáñez y Alejandro Mendo, académicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) y los especialistas Aldo González Rojas, Fernanda Paz Salinas, Patricia Ávila y Rubén Darío Monsalve, resolvió que los tres niveles de gobierno y las 20 mil empresas asentadas en la cuenca deben comprometerse en el diseño y puesta en marcha de un plan de saneamiento del río Atoyac que incluya la propuesta comunitaria y garantice la reparación del daño de las comunidades.
Durante la lectura del dictamen a cargo de Fernanda Paz, el jurado dio a conocer que las empresas descargan diariamente 778 mil toneladas de sustancias contaminantes, metales pesados y tóxicos, y que las 27 empresas empresa inscritas en el registro de emisiones expidieron 107 millones de kilogramos de dióxido de carbono en 2016.
Los niveles de mortandad en la cuenca son mil 350 por ciento más altos que en otras zonas del país; se han reportado 906 abortos espontáneos y entre 2002-2016 fallecieron 25 mil pobladores (54 por ciento mujeres), de los cuales, cuatro mil 432 por insuficiencia renal, advirtieron los promoventes Centro Fray Julián Garcés, Coordinadora por un Atoyac con Vida y el Consejo Ciudadano por la Dignificación de los Pueblos, entre otras organizaciones de la sociedad civil.
«Ante estos hechos el Tribunal deplora profundamente que a pesar de su recomendación de 2006 retomada a su vez por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su resolución 10/2017, las autoridades mexicanas en sus tres niveles de gobierno sigan siendo omisas y negligentes en la resolución del problema. «Por lo que este Tribunal responsabiliza al Estado mexicano que al promover un modelo urbano industrial y agroproductivo extractivista que favorece el interés privado por encima del público, ha conllevado al deterioro de la calidad y cantidad del agua en los ríos, cuerpos de agua y acuíferos con graves impactos en la salud humana, la producción de alimentos y la conservación de los ecosistema», señaló el jurado.
Asimismo, el Tribunal resolvió instar a las autoridades electas a preservar y privilegiar las cuencas como “una unidad socio-territorial elemental” por encima de su uso mercantil y privado, y solicitará al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y al relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la ONU, visitas especiales a la cuenca para que verifiquen la actuación de la industria privada.
Del mismo modo, resolvió dar seguimiento y monitoreo para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones del veredicto.
