Los programas de capacitación del Ayuntamiento deben ser certificados, para que las sexoservidoras verdaderamente logren cambiar el rumbo de sus vidas.
Para activistas poblanas el trabajo sexual no debe ser criminalizado, mientras no llegue a configurar la conducta de trata de personas, como sucede con algunas mujeres, principalmente indígenas de la Sierra Norte, de Veracruz y Oaxaca, que son traídas con engaños a la capital poblana para convertirlas en sexo servidoras en el centro histórico de Puebla.
Sobre una regulación de la actividad, consideraron que mientras no se legisle, como en la Ciudad de México, para que el sexo servicio sea un trabajo no remunerado o no asalariado, el tema es letra muerta para cualquier persona que ejerza esta actividad, debido a que los policías municipales las siguen levantando de las calles y ellas prefieren hacer un intercambio sexual que pagar altas multas en el Juzgado Calificador.
También consideraron que el gobierno municipal que encabeza Eduardo Rivera Pérez, está engañando a la ciudanía con la difusión del programa “Contigo Mujer” que comprende programas de capacitación irreales para ellas, además de que la propuesta de encerrarlas en hoteles no es funcional porque el sexo servicio se ha diversificado y ahora pueden contactar clientes en la calle y en redes sociales.
Aunado a la crisis económica, que recrudeció con la pandemia, se incrementó el número de mujeres que trabajan como sexo servidoras para generar recursos extras a lo que perciben como empleadas domésticas, meseras, cocineras, vendedoras de productos por catálogo, y un sinfín de actividades mal remuneradas, lo que ocasiona que se observe mayor cantidad de trabajadoras sexuales en calles que van desde la 4 hasta la 18 poniente.
En defensa del trabajo sexual que irrita a los persignados
Gabriela Chumacero integrante del Grupo Transgénero y de la Coalición Agnes A.C.-nombrada así por la activista que inició el proyecto de ley que permite, desde el 2021, que las personas trans de Puebla tengan documentos que vayan acorde a su identidad- aseguró que es imposible regular el trabajo sexual porque no solo se ejerce en el centro histórico, sino bulevares y carreteras de entrada y salida a la ciudad de Puebla.
Dijo que la comunidad trans es la que trabaja en el entronque Amalucan, afuera de Pemex en el Parque Industrial, en la carretera que va a Amozoc, la de Tlaxcala y la autopista México-Puebla, en dónde la dinámica es muy diferente a la del centro histórico, debido a que ellas no pagan cuidadores o “padrotes”, ni cuotas de moteles, porque sus principales clientes son los traileros que las suben a sus camarotes “un ratito y listo te regresas a la carretera”.
Gaby es una mujer de más de cinco décadas, de las cuales tres las ha dedicado al activismo a favor de los derechos de su comunidad y de las trabajadoras sexuales, por lo que recordó que desde el gobierno de los ex priistas Melquiades Morales y Mario Marín, intentaron colocar una zona de tolerancia pero solo se logró concentrar el sexo servicio en los hoteles Sevilla y Lux, ubicados en la 6 y 4 Poniente.
Consideró que en esa época funcionó el modelo de sexo servicio que se utilizaba en barrios como la Merced en la Ciudad de México, en donde en los patios de los hoteles las chicas se paseaban para que las escogieran los clientes, subían a la habitación un momento y después bajaban por más trabajo. Hoy, dos décadas después la propuesta es obsoleta por la enorme cantidad de mujeres que incursionaron en el oficio y que no solo van por clientes a las calles del centro histórico, sino que ya navegan las redes sociales, y por eso, no van a querer estar encerradas.
“Con la pandemia el problema se recrudeció, no había donde trabajaran las compañeras, así en que las calles quedaron expuestas al maltrato físico del cliente, de la policía, de la gente que se burla de ellas. Estuvieron aún más expuestas al Covid y la sífilis, y muchos casos derivaron en muertes. Mejor deberían de avanzar en las investigaciones de feminicidios y transfeminicidios de trabajadoras sexuales, esos casos los encarpetan.
Ahora las quieren meter al hotel porque este persignado gobierno que tenemos, otra vez, las ve mal. Pero si él (Eduardo Rivera) ya estuvo en el gobierno, ya sabe cómo funciona esto. Al final de ese trienio nos dieron apertura y así tendrá que ser porque es imposible la regulación, y menos ahora que con la pandemia se está recrudeciendo la cantidad de mujeres cisgénero que salen a ofrecer servicios sexuales por la crisis económica”
La activista explicó que cisgénero es cualquier mujer como una ama de casa que, sin importar su preferencia sexual, ejerce el trabajo sexual para ayudarse en los gastos porque es madre soltera, o porque su esposo la padrotea abiertamente o es un desobligado que no le da para el gasto, pero por su educación patriarcal sigue viviendo con él y manteniéndolo.
Respecto de los programas de capacitación para el trabajo, Chumacero dijo que funcionarán solo si son combinados con apoyos económicos constantes y consistentes, no una despensa anual con unos cuantos productos que no alcanzan ni para comer una semana.
Comentó que recientemente dialogó con la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, Karina Romero Alcalá, a quien le dijo que los programas de capacitación deben ser certificados, es decir que tengan validez oficial, porque con talleres de una semana o de un mes donde asisten un día sí y un día no, es imposible cambiar el rumbo de sus vidas.
“Yo no soy madrota ni mucho menos, pero observo que no hay un liderazgo evidente de las mujeres que ejercen el trabajo sexual y la líder Lulú -de la Unión de Sexoservidoras de Puebla- hasta a la cárcel la metieron por andar pidiendo la zona de tolerancia. Fui trabajadora sexual hace tiempo, hoy soy activista y seguiré defendiendo los derechos de mi comunidad y de las, los y les que realizan trabajo sexual porque estamos vulnerables. No tienen ni idea de lo que sufrimos en las calles. Los que nos quieren quitar, los que no nos quieren ni ver, siempre han sido los primeros en solicitar nuestros servicios”.
Chumacero dijo que las autoridades municipales deberían estar más ocupadas en tender alianzas con la Secretaría de Salud para ofrecerles exámenes de VIH, sífilis y hepatitis y condones gratuitos, ya que son las propias organizaciones civiles las que salen a ofrecerles algunas pruebas y protección para que continúen realizando el trabajo sexual.
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Ser mujer es sinónimo de criminal para el gobierno panista
Vanesa Silva, vocera de la colectiva Coatlicue Siempre Viva, consideró que el gobierno municipal está criminalizando y marginando a las mujeres, y que el trabajo sexual está en las mismas condiciones que las ‘Nenis’ porque en ambos casos quieren desplazarlas de sus zonas de trabajo.
Sobre la propuesta de que las sexo servidoras sean llevadas a hoteles o que reciban talleres de capacitación, consideró que son programas vacíos plagados de desconocimiento de las dinámicas sociales, que tratan de tapar la incapacidad del dialogo gubernamental con ciertos sectores de la población.
“Me preocupa que las vayan a redireccionar a espacios privados como casas o hoteles. No hay diferenciación entre la trata y trabajo sexual. Si su política es sacarlas del espacio público cuando este es su primer punto de encuentro con un cliente y así ganar dinero con su trabajo, las están criminalizando”.
Silva dijo que la mayoría de trabajadoras sexuales ni siquiera están enteradas de las declaraciones de las autoridades, y que están más preocupadas por seguir trabajando que por debate que no las exime de su realidad diaria.
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