Los gobiernos involucrados han olvidado la parte más importante: la reparación del daño a la salud de las personas, opinó el investigador, Jorge Eduardo Morales Sierra
Jorge Eduardo Morales Sierra, miembro del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) y académico de tiempo del programa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Universidad Iberoamericana, hace hincapié en que el tema de salud, no se refiere a que los gobierno solamente inviertan en sanear el río, construir plantas y cerrar descargas. Es necesario actuar sobre los problemas de salud que sufren las personas y hacer investigación medica en las zona afectadas para contrarrestar los efectos en lo sucesivo.
En marzo de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2017 respecto a la situación de polución que guardar el río y la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación a la contaminación de los ríos Atoyac, Axochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla así como de Nativitas y Tepetitla, en Tlaxcala. Este fin de semana (3 de efebrero), la misma Comisión dio a conocer un avance sobre dicha recomendación dónde refiere cumplimiento parcial por parte del Gobierno del Estado de Puebla, y nulo de los municipios poblanos.
Al año, los poblanos registran un gasto de 50 mil millones de pesos para remediar los problemas que sufren en su salud por la contaminación de la Cuenca del Río Atoyac. Las enfermedades van desde situaciones sencillas como infecciones en la piel o enfermedades gastrointestinales hasta cáncer, esto último derivado de que las personas están en contacto con sustancias nocivas como metales, pero primordialmente retardadores metabólicos.
Si bien, la recomendación exige acciones de saneamiento, los gobiernos involucrados han olvidado la parte más importante: la reparación del daño a la salud de las personas y las estrategias de prevención o atención.
La recomendación de la CNDH establece que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), junto a la Secretarías de Salud de los Estados de Puebla y Tlaxcala, y todos los municipios involucrados, debe diseñar un programa de atención medica para responder al impacto de los daños a la salud y su control.
Otra de las instrucciones de la Comisión es, hacer una amplia difusión sobre el riego toxico de los río y el agua que finalmente se vierte a la presa de Valsequillo y se usa en el riego de cosechas en la parte sur del estado de Puebla, con la finalidad que la gente conozca qué efectos puede tener en su salud.
Al gobierno del estado de Puebla, se le pide realizar “un diagnóstico toxicológico permanente de los riesgos y daños a la salud, que puedan tener su origen en su exposición a los contaminantes”, que permita identificar a la población que tiene signos de afectación por la exposición aguda o crónica a los contaminante, con énfasis en la población con mayor riesgo: niños, niñas, mujeres y adultos mayores.
La especialista en temas ambientales y una de las fundadoras del grupo “Dale la Cara al Atoyac”, Verónica Mastretta Guzmán, refirió que estudios realizados por las facultades de Ingeniería y de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), calculan que el impacto en la salud pública, por la contaminación del río, afecta a 1.2 millones de personas generando un gasto de 50 mil millones de pesos. Peor, afirma que a la fecha y por ignorancia, hay poblados donde la gente se baña o lava la ropa con el agua del río.
Puntualiza, que esta contaminación no solo afecta a las áreas donde pasa el río, incluida la capital del estado. Sino llega a 40 municipios de Puebla, pues hay un dren que lleva el agua de Valsequillo para regar cultivos de la zona de Tepeaca y Tecamachalco, así como Tehuacán.
En cultivos, también hay impactos. Cita que hay perdidas de 12 mil millones de pesos en la calidad de las hortalizas, con bajos nutrientes, y evidentemente una carga de contaminantes importante.
Morales Sierra, sostiene que es evidente la constante omisión de las autoridades para hacerse cargo de los efectos de la contaminación en la salud de las personas. Siendo que es el tema más importante en atender de la recomendación de la CNDH.
Ejemplos hay muchos. En febrero de 2015, Mikel Arriola, que en ese entonces era el titular de la Cofepris y luego del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reveló la existencia de una investigación sobre los “agentes químicos, metileno, tolueno y cloroformo, que afectan el ADN y que son precursores de cáncer”, que han sido vertidos por las empresas al agua del Atoyac.
La investigación no ha sido difundidas, pero desde entonces se sabe por parte de las autoridades de salud federal que, las muertes alrededor del río supera la media nacional de 14 por cada cien mil habitantes, lo que se atribuiría a la contaminación de la afluente.
Greenpeace ha clasificado al río como “tóxico” y el tercero más contaminado de México. El diagnóstico fue reconocido así en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 donde se fijó el compromiso para impulsar su saneamiento por parte del esntonces gobernador, Rafael Moreno Valle Rosa, quien solo pudo aterrizar la construcción de un parque ribereño, pero avances pobres en el saneamiento.
