El documento del Vaticano calificó la legitimación de la eutanasia o el suicidio asistido como “un signo de la degradación de los sistemas legales”.
Un nuevo documento, emitido cuando más países consideran legalizar la eutanasia o el suicidio asistido, afirmó que los legisladores y políticos que apoyan tales leyes son “cómplices”.
Los trabajadores de la salud católicos nunca deben brindar colaboración activa o pasiva y los gobiernos deben reconocer el derecho a la objeción de conciencia por parte de los trabajadores, indicó.
El documento de 20 páginas, titulado “El buen samaritano” y escrito por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la oficina doctrinal del Vaticano, incorporó declaraciones pasadas de la Iglesia Católica Romana sobre temas relacionados con el final de la vida, pero utilizó un lenguaje más duro.
“La eutanasia, por lo tanto, es un acto intrínsecamente maligno, en cada situación o circunstancia”, declara el texto. “La eutanasia es un acto de homicidio que no se puede justificar por ningún fin y eso no tolera ninguna forma de complicidad o colaboración activa o pasiva”.
Una sección apuntó a los legisladores, diciendo que si aprueban leyes sobre eutanasia y suicidio asistido se convierten en “cómplices de un pecado grave que otros ejecutarán”.
La eutanasia implica que un médico tome un papel activo para terminar con la vida de un paciente, mientras que en el suicidio asistido el médico proporciona una sustancia letal para que el paciente se lo autoadministre. Ambos son legales en varios grados en unos diez países y varios estados de Estados Unidos.
En febrero, legisladores portugueses aprobaron proyectos de ley que despenalizarían la eutanasia y el suicidio asistido, pero aún no se han convertido en ley. Nueva Zelanda tiene previsto celebrar un referéndum sobre ambos en octubre.
El documento calificó la legitimación de la eutanasia o el suicidio asistido como “un signo de la degradación de los sistemas legales”.
En una sección dirigida a los trabajadores de la salud católicos, el documento decía que su cooperación “debe ser excluida” porque “debemos obedecer a Dios antes que a los hombres” y que los gobiernos “deben reconocer el derecho a la objeción de conciencia” por parte de los trabajadores de la salud.