La violencia contra las mujeres es un problema público.
No pasa un día en el que no conozcamos sobre alguna violencia de cualquier tipo y modalidad que se ejerce en nuestra contra.
Igualmente, no pasa un día en el que nos enteremos de algún acto de corrupción e impunidad.
Es frecuente también conocer que una mujer solicita atención en alguna institución pública de salud por lesiones recibidas.
Qué decir sobre las noticias cotidianas que documentan la desaparición de mujeres.
Los datos oficiales incluso registran números preocupantes en el estado de Puebla.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares que refleja para Puebla un 43.5% de mujeres violentadas en esas relaciones (ENDIREH, 2021).
Intensos debates, manifestaciones de repudio, cansancio. El tiempo transcurre tan rápido como el incremento de tipos y modalidades de violencia y el número de mujeres violentadas y las mujeres se preguntan ¿para qué denunciar?
Por ello creo importante el giro que en materia de atención ha dado el titular del Poder Ejecutivo Estatal.
Retomar nuevamente ese mecanismo de coordinación denominado Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el que participan instituciones del sector público estatal, municipales y organismos de la sociedad civil, que analiza y evalúa los instrumentos, políticas, servicios y acciones que “supuestamente” todas realizan que por diversas razones se había venido posponiendo, significa el haber reconocido la urgencia de la prevención y de la atención a este flagelo en todos los niveles de gobierno.
Requerir también a presidentas y presidentes municipales asumir su responsabilidad en materia de seguridad, es convocar a quienes justamente son los primeros respondientes cuando se presentan casos de violencia contra mujeres.
Esto habla de un cambio de estrategia. De reconocer que las violencias se deben enfrentar de manera desigual en esa diversidad de municipios que conforma nuestra entidad que demanda no sólo de acciones diferenciadas, de programas sociales temporales y focalizados, de desarrollar modelos que incidan en todas las materias; sino también, de un programa sólido de prevención que permita detectar las causas que provocan la comisión de delitos, para una atención integral y para generar seguridad.
Muchas y muchos pueden pensar que es una “puesta en escena” más, o que sólo es retórica, tal vez, sin embargo, debemos partir de que el actual ejecutivo está construyendo una nueva etapa en el ejercicio de gobernar, con ello construye también su legado, de manera que una huella inolvidable en la historia de Puebla podría ser erradicar esa incapacidad estructural y hacer cambios radicales en algunas políticas gubernamentales que manden mensajes de justicia hacia las mujeres que han sufrido violencia.
En los últimos días hemos escuchado repetidamente la palabra ética, –para referir el vergonzoso episodio que envuelve el probado plagio de la tesis de la ministra de la Corte- si tan sólo todas las personas que tienen una responsabilidad gubernamental en la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres aplicaran la ética, prevalecería la legalidad, la verdad y la justicia.
Por: Rocío Garcia Olmedo
Foto: Agencia Enfoque
