Rompieron el cerco vigilado por elementos de Guardia Nacional y expresaron su negativa a que ser reubicados en predios de El Batán.

A un mes de la explosión de la toma clandestina de gas LP que los dejó sin sus viviendas, habitantes de San Pablo Xochimehuacan, en la ciudad de Puebla, se niegan a ser reubicados y piden diálogo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre la reconstrucción de sus viviendas.

En la comunidad sigue imperando la incertidumbre y molestia de los damnificados cuyas casas fueron pérdida total, pero que poco a poco han retomado sus actividades.

La víctima estuvo intubada 10 días

Los afectados aprovecharon la presencia de medios de comunicación que hacían un recorrido en la zona siniestrada para –de forma improvisada—manifestarse para ser “escuchados” por la administración estatal.

Rompieron el cerco vigilado por elementos de Guardia Nacional y expresaron su negativa a ser reubicados en predios de El Batán, pues afirman que sus viviendas estaban regularizadas, incluso que cuentan con los recibos por el pago de impuestos al ayuntamiento de Puebla, como el predial.

También señalaron que la propuesta planteada por el gobierno de Puebla no es conforme a las dimensiones de sus viviendas perdidas, las cuales tenían hasta tres pisos y 200 metros cuadrados de construcción, ya que albergaban a varias familias.

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Y es que, hasta ahora se ha dado a conocer que se les entregarían casas de 80 metros cuadrados de construcción, que contarían con dos recamaras y una alcoba, baños, sala-comedor, cocina, estacionamiento para un coche y jardín posterior.

Otros pidieron a las autoridades que si no quieren reconstruir en su colonia, que se les permita a los damnificados hacerlo por sus propios medios, pues lo que quieren es seguir habitando en la colonia que nacieron.

 

Desde su perspectiva, el mandatario se comprometió a la reconstrucción, lo cual ellos entienden como la edificación de sus viviendas en los mismos predios a los que llegaron a habitar hace décadas, a pesar de que tras la tragedia Barbosa Huerta manifestó que no se construirían casas en predios que se encuentran en zonas de riesgo, por su cercanía con ductos de Pemex o del derecho de vía del ferrocarril.

El pasado 17 de noviembre, el titular del Ejecutivo señaló que de las 64 viviendas que quedaron destruidas por las explosiones de una toma clandestina en San Pablo Xochimehuacan, sólo 17 están asentadas en áreas permitidas, de manera que las otras 47 restantes están dentro de zona de riesgo y restricción federal, por lo que serían reubicadas.

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El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que los damnificados deben comprender que están en sitios irregulares, por lo que no pueden utilizarse recursos públicos para la reconstrucción.

“Es un asunto de fácil comprensión que resulta difícil aceptarlo, lo entendemos también. Tendremos toda la paciencia para poder platicar con ellos y poderles hacer ver que inclusive el lugar donde se pretende ubicar sus inmuebles, serán lugares para que sean plenos propietarios de ello y en mejores condiciones de urbanización. Espero que lleguemos pronto a los acuerdos necesarios”, expresó.

Por separado, el alcalde de la Ciudad, Eduardo Rivera Pérez dijo que el Ayuntamiento de Puebla ha ubicado 120 viviendas en zona de riesgo en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, pues atraviesan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

También señaló que en coordinación con el área de Bienes Patrimoniales, del Gobierno del Estado y con la Dirección de la Tenencia de la Tierra, se trabaja para identificar qué predios se pueden regularizar.

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